Francisco Luna — FEAE Euskadi / Consejo Escolar del Estado
Cada septiembre, más de doscientas mil mochilas españolas cargan con el mismo peso del año anterior. Son los estudiantes repetidores, quienes vuelven a escuchar lecciones que ya oyeron, a compartir aula con compañeros más jóvenes y a convivir con una etiqueta que duele: la del fracaso. España sigue liderando, año tras año, el ranking europeo de repetición escolar. Y lo hace a pesar de que la evidencia científica, las leyes educativas y la experiencia de miles de docentes demuestran que repetir curso no mejora los aprendizajes ni la equidad; solo multiplica los problemas.
La repetición nació hace más de un siglo, cuando las escuelas comenzaron a organizarse por grados. Se justificó como una medida de calidad: quien no alcanzaba los objetivos debía repetir para “madurar” los contenidos. Pero hoy sabemos que ese supuesto es una ficción pedagógica. Repetir no enseña más, solo posterga el problema. Las investigaciones de la OCDE, la Comisión Europea y del propio Consejo Escolar del Estado lo confirman: la repetición reduce la autoestima, incrementa el riesgo de abandono escolar y apenas ofrece beneficios a medio y largo plazo.
Además, la repetición no golpea a todos los estudiantes por igual. Los estudios muestran que castiga sobre todo al alumnado con menor nivel socioeconómico, cultural o social, y se concentra especialmente en los centros públicos. En otras palabras: no solo es ineficaz, también es injusta. Y pese a que la ley exige planes individualizados de refuerzo para los repetidores, en la práctica, la mayoría reviven el mismo curso, las mismas tareas y los mismos errores.
Pero la repetición no solo se paga con frustración; también con dinero. Según los datos oficiales del Ministerio de Educación, cada año cuesta al sistema educativo español unos 1.500 millones de euros solo en costes directos: profesorado, aulas, recursos y materiales. Este dato es el resultado de multiplicar dos datos oficiales: el porcentaje de repetidores y el gasto por alumno según el Sistema Estatal de Indicadores. Si añadimos los efectos indirectos —mayor abandono, retraso en la incorporación laboral, menor productividad—, la factura total puede superar los 3.400 millones de euros anuales. En términos simples: cada alumno repetidor cuesta al Estado más de 7.000 euros por un curso que no mejora su aprendizaje.
Mientras tanto, otros países europeos han tomado otro camino. Finlandia, Noruega, Reino Unido o, entre otros, Suecia han desterrado la repetición como práctica habitual, apostando por sistemas de apoyo temprano, tutorías personalizadas y flexibilización curricular. En la mayoría de Europa, repetir curso es una excepción; en España, todavía es un hábito, casi una cuestión cultural.
El cambio no pasa por “regalar aprobados” ni por rebajar la exigencia. Se trata de ser más inteligentes: invertir en prevención, en diagnóstico temprano, en acompañamiento real. Una reducción significativa de la repetición permitiría liberar cientos de millones de euros que podrían destinarse a programas de refuerzo, formación docente o innovación educativa. Países que han seguido esta senda demuestran que se puede elevar la calidad y la equidad al mismo tiempo.
La repetición escolar parecer ser, en realidad, una metáfora del propio sistema educativo español: resistente al cambio, cargado de buenas intenciones, pero atrapado en inercias del pasado. Persistir en esta práctica no es solo una decisión técnica, sino una opción política. Cada curso que se repite es un año perdido para el estudiante y un coste inútil para el país.
La verdadera justicia educativa no consiste en dar más de lo mismo, sino en ofrecer a cada alumno lo que realmente necesita para aprender y crecer en cada momento. Quizá ha llegado el momento de que España y Galicia deje de pagar esta factura invisible y empiece a invertir, de una vez, en una educación más justa, eficaz y humana.